En una sentencia reciente, el Tribunal de Apelaciones del Circuito núm. 11 abordó la controvertida Ley «Stop WOKE» de Florida, que pretendía limitar la formación obligatoria impartida por los empleadores sobre temas considerados objetables por el estado, en concreto los relacionados con la discriminación, la diversidad, la equidad y la inclusión.
La decisión del Tribunal anuló estas disposiciones, haciendo hincapié en la enorme importancia de la Primera Enmienda y sus protecciones contra la discriminación sobre la base del contenido y el punto de vista.
Esta decisión reafirma el derecho de los empleadores a llevar a cabo sesiones obligatorias de formación sobre un amplio abanico de temas, así como a tratar cuestiones delicadas relacionadas con la diversidad y la inclusión, sin miedo a sufrir acciones punitivas por parte del estado.
En la sentencia de Shopee Singapore Pte Ltd v. Lim Teck Yong [2024] SGHC 29, el Tribunal Supremo de Singapur analizó el equilibrio entre hacer cumplir las cláusulas restrictivas de los contratos de trabajo y preservar el derecho al trabajo de las personas.
La sentencia examina de forma crítica la ejecutabilidad de las cláusulas de no competencia y no captación, y subraya la necesidad de que estas protejan los intereses legítimos de las empresas sin restringir excesivamente las futuras oportunidades de trabajo de los empleados.
Talenteum, empresa emergente de tecnología financiera de recursos humanos que conecta a talentos de África que desean trabajar a distancia con empresas internacionales, acaba de publicar un libro blanco en el que destaca el importante papel de la IA a la hora de reconocer las competencias de los migrantes y fomentar la inclusión digital.
Según este documento, el uso eficaz de la IA en la integración del talento migrante presenta una oportunidad excepcional para mejorar la diversidad de la fuerza del trabajo, impulsar la innovación y fomentar la responsabilidad social.
Los desafíos y las soluciones presentados ofrecen una hoja de ruta para aprovechar de manera más eficaz el talento migrante, así como para garantizar que las empresas mantengan su competitividad y actúen con responsabilidad social en una economía digital que evoluciona a gran velocidad.
El 11 de marzo de 2024, los ministros de empleo y asuntos sociales de la Unión Europea (UE) confirmaron el acuerdo provisional sobre la directiva relativa al trabajo de plataformas alcanzado el 8 de febrero de 2024 entre la Presidencia del Consejo y los negociadores del Parlamento Europeo.
El acuerdo sienta un precedente para reglamentar la gestión algorítmica y garantizar unas prácticas laborales justas en el mercado de trabajo digital.
El 13 de marzo de 2024, el Consejo de Administración de la OIT refrendó el acuerdo.
Enfatiza el papel del diálogo social y la negociación colectiva en la consecución de los salarios vitales, y defiende un proceso de fijación de salarios que refleje los principios de la OIT, las diferentes necesidades de los trabajadores y las realidades económicas.
Los empleadores de los sectores público y privado que utilizan programas informáticos y servicios basados en la nube para gestionar los correos electrónicos de los empleados ahora solo pueden retener los metadatos de esos correos durante un máximo de siete días. Puede concederse una extensión de hasta 48 horas en casos de necesidad demostrada.
Esto plantea posibles desafíos para las empresas en materia de cumplimiento y flexibilidad operativa.
La OIT acaba de publicar un nuevo informe que ofrece unas valiosas perspectivas sobre el modo en que se compara la inteligencia artificial avanzada (IA), con GPT-4 como ejemplo, con el juicio humano a la hora de evaluar las ocupaciones dentro del mercado laboral del Reino Unido.
Analiza las percepciones y las actitudes de los trabajadores con respecto a la integración de las tecnologías de IA (como GPT-4) en sus entornos profesionales y prevé cambios potenciales en el mercado laboral, influidos por la adopción de las tecnologías de IA.
La Ministra de Trabajo y Economía Social de España ha iniciado negociaciones tripartitas en las que participan el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones de empleadores para aplicar medidas con las que lograr la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI en el lugar de trabajo.
Las negociaciones pretenden dar efecto a la Ley 4/2023, que exige a las empresas con más de 50 empleados adoptar medidas y destinar recursos específicos para alcanzar la igualdad de las personas LGTBI, incluidos los protocolos para abordar el acoso y la violencia.