El 5 de enero de 2024, el Gobierno de Chile promulgó la Ley Karin contra el acoso laboral (en honor a Karin Salgado, una trabajadora que se suicidó después de ser víctima de acoso laboral).
La ley se aplica a todas las empresas, con independencia de su tamaño, e incluye normativas pertinentes para la Administración estatal y sus múltiples organismos.
Pretende establecer un marco jurídico para un entorno de trabajo saludable y seguro, no solo castigando el acoso laboral y sexual, sino también previniéndolo con educación y protocolos.
Modifica el artículo 5-336 de la Ley General de Obligaciones de Nueva York con efecto inmediato y restringe aún más el uso de acuerdos de confidencialidad relacionados con la resolución de demandas por discriminación, acoso y represalias en el trabajo.
Se aplica a todos los acuerdos firmados o celebrados después del 17 de noviembre de 2023.
El 9 de mayo de 2023, el Ministerio de Mano de Obra («MOM») emitió el Decreto n.º 88 de 2023 sobre Directrices para la prevención y respuesta al acoso sexual en el lugar de trabajo, actualizando las directrices anteriores en vigor desde 2011 (Decreto del MOM n.º SE.03/MEN/IV/2011).
Las directrices identifican las medidas que los empleadores deben tomar para prevenir y abordar de forma eficaz el acoso sexual en el lugar de trabajo.
En julio de 2023, Taiwán modificó tres leyes para contrarrestar y prevenir el acoso sexual: la Ley de Prevención del Acoso Sexual, la Ley de Igualdad de Género en el Empleo (AGWE), y la Ley para la Educación sobre Igualdad de Género en una sesión legislativa extraordinaria.
Las modificaciones legislativas surgieron como reacción al movimiento «MeToo».
La Ley de Igualdad de Género en el Empleo (AGEE) establece obligaciones nuevas y más estrictas para los empleadores, así como sanciones por incumplimiento en el lugar de trabajo.
El objetivo de estas directrices es ayudar a los empleadores a cumplir su deber positivo de eliminar la discriminación por motivos de sexo, el acoso sexual, así como las conductas que crean entornos de trabajo hostiles por actos sexuales y las represalias conexas en el lugar de trabajo.
Concede a los empleados más tiempo para presentar una reclamación o una denuncia personal relacionada con actos de acoso sexual, pasando de 90 días a 12 meses.
La nueva disposición se aplica a los actos de acoso sexual que se produjeran o de los que los empleados tuvieran conocimiento a partir del 13 de junio de 2023.